Proyecto de ley para controlar precios de medicamentos retornará a Comisión de Salud: ¿Qué se plantea?

El pleno del Congreso tuvo un episodio de cordura en su sesión de ayer. Esto en un contexto en el que se han aprobado varias propuestas que no consideran análisis técnicos.

Inmediatamente después de decidir por mayoría no apoyar la propuesta que buscaba expropiar las plantas de producción de oxígeno, en la sesión se abordó el debate del proyecto de ley 5675, que plantea “la regulación de precios máximos de medicamentos y, excepcionalmente, la regulación de tarifas de las clínicas”.

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Sin embargo, durante la discusión sobre el fondo del asunto, algunos congresistas propusieron cuestiones previas para que regresara a comisiones, pues no se tenía un dictamen al respecto.

El congresista Omar Merino (Alianza para el Progreso), presidente de la Comisión de Salud, sugirió que el texto retornase a su mesa de trabajo para el respectivo análisis. Esta solicitud fue respaldada finalmente con 83 votos a favor.

La propuesta original fue presentada el 2 de julio del 2020 y cuatro días después fue remitida a la Comisión de Salud. No se tuvo novedad alguna hasta esta semana. El martes 16, por acuerdo de la Junta de Portavoces, fue exonerada de tener un dictamen en esa mesa de trabajo.

Había llegado al pleno sin recoger comentario alguno de entidades o instituciones involucradas o especialistas en la materia, pese a los más de ocho meses que se tuvo.

En detalle, el texto establece que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) esté a cargo de regular los precios de los fármacos para el tratamiento del COVID-19; y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), de las tarifas de las clínicas. Esto último solo durante emergencias.

También se contempla crear un organismo regulador de precios máximos en el sector salud y que la Digemid elabore una lista en constante actualización con los medicamentos para los cuales regirá este “precio máximo”.

Para fijar estos montos, se deberían seguir criterios como “precios de referencias internacionales”, sobre todo los de la OCDE, su costo de producción, su precio según función del valor, entre otros.

EL REMEDIO SERÁ MÁS CARO QUE LA ENFERMEDAD

Vanessa Vértiz, presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), explicó que los precios de los medicamentos responden a estructuras de costos, que varían según las empresas, pero que –en líneas generales– contemplan aspectos como costos de investigación y desarrollo, de producción, de la cadena de abastecimiento, de exportaciones y de distribución.

“No vemos que sea positivo establecer controles de precios. Tampoco puede replicarse [aplicarse] precios de otros países porque las tasas y gastos locales son diferentes”, apuntó Vértiz.

El proyecto de ley de control de precios de medicamentos establece que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) esté a cargo de su regulación. (Foto: GEC)
El proyecto de ley de control de precios de medicamentos establece que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) esté a cargo de su regulación. (Foto: GEC)

Carlos Casas, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, dijo que la teoría y la práctica han demostrado que cuando hay controles se quita el incentivo para quienes producen el bien y, en consecuencia, se generan mercados negros.

“La demanda siempre va a estar ahí, pero los medicamentos ‘formales’ van a disminuir. Lo que va a pasar es que se tendrá un precio oficial, pero solo quienes tengan más dinero podrán acceder a estos productos porque serán más caros. También habrá más casos de falsificaciones”, señaló.

Mirko Medic, asociado senior del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas, comentó que la Constitución garantiza el libre mercado, el cual se encarga de regular precios.

Agregó que –incluso– en rubros donde hay organismos reguladores, como el de telecomunicaciones, no se considera entre las facultades regular tarifas.

Para el corto plazo, Vértiz y Casas coincidieron en que el Gobierno podría optar por los subsidios a fin de asegurar un mayor acceso a estos bienes.

SIN EXPROPIACIÓN

Ayer también se debatió en el pleno el proyecto de ley 5636, que plantea “la expropiación de las plantas de fabricación, establecimientos de distribución y balones de oxígeno medicinal”.

Fue enviado al archivo, luego de que 80 congresistas votaran en contra, 10 a favor y 9 se abstuvieran.



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